La claridad de un asunto tan sucio *
por Fernando del Paso
Nunca, en los últimos 50 años, quizá 70 años de la historia de nuestro país, un asunto tan sucio ha sido más claro. No somos nada más nosotros, los que estamos aquí, en estos momentos, reunidos en esta Plaza de la Liberación de Guadalajara. No somos nada más nosotros, los mexicanos de todo el país que repudiamos el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, los únicos que nos damos cuenta, que sabemos, que tenemos la convicción, la certeza total de la aberración que los feroces perseguidores de Andrés Manuel López Obrador cometen, a conciencia y a sabiendas, contra el pueblo mexicano y la democracia.
Cuando el presidente Vicente Fox decía, en Europa, que México le había dado una lección de legalidad al mundo, el mundo le advertía a Fox, a través de algunos de los diarios y publicaciones de más prestigio de Washington, Nueva York, París, Madrid y Londres, y también de Latinoamérica, que llevar este proceso hasta sus últimas consecuencias representaría un grave retroceso en nuestra democracia. Y se lo advierten todavía.
Entre estos medios existen varios a quienes el jefe de Gobierno del Distrito Federal no les simpatiza en lo absoluto: les alarma y lamentan la posibilidad de que México regrese a la era del autoritarismo presidencial. Pero si a los perseguidores de López Obrador no les importa la opinión de los millones de mexicanos que eligieron democráticamente, en elecciones formales y limpias, a su jefe de Gobierno, ¿por qué les va a importar la opinión del mundo?
Nunca, en los últimos 50 o 70 años de la historia de nuestro país, una maniobra tan turbia ha sido tan transparente.
Olvidan esos políticos que la primera acepción de la palabra "desacato" no es desobediencia: es la falta de repeto a lo sagrado. Y las elecciones, en un país que presume de democrático, son sagradas. Son ellos, el gobierno federal, la Cámara de Diputados y la Procuraduría General de la República, los que cometen una grave, gravísima falta de respeto; un grave, gravísimo y patente desacato a la voluntad de los ciudadanos mexicanos, que en una elección limpia y, ésa sí admirable, designaron gobernante, haciendo uso pleno de su libertad, a Andrés Manuel López Obrador. Son ellos, esos perseguidores implacables, los que no obedecen el mandato del pueblo.
En el mundo civilizado, en las democracias sólidas y verdaderas, se desafora, se humilla, se sentencia, se encarcela, se castiga, se condena a los gobernantes ladrones, a los gobernantes en connivencia con los narcos, a los gobernantes asesinos. En este país no sucede esto. En este país los gobernantes y los políticos ladrones, narcos y asesinos gozan de impunidad. Pero en este país, México, se consigna a un político por el imperdonable delito -aún no probado- de continuar, contra la orden de un juez, la construcción de una calle. Y por lo que llaman abuso de autoridad, ¿que no saben estos señores en qué país viven? Nosotros sí.
Si en México se consignara y sentenciara a las autoridades por abuso de autoridad, 99 por ciento de toda la policía del país estaría tras las rejas acompañada por muchos de sus jefes y sus comandantes. Si en México se condenara a las autoridades por abuso de autoridad, estarían, y hubieran estado encarcelados en el pasado, un gran número de presidentes municipales, diputados y senadores, acompañados de muchos gobernadores y varios presidentes de la República. ¿De cuándo acá los señores procuradores quieren dar a los mexicanos lecciones sobre los abusos de autoridad que tantos años tenemos de sufrir en carne propia?
La ley es la ley, nos dicen. Pero las amenazas que se ciernen sobre la cabeza del jefe del Gobierno del Distrito Federal, ya anunciadas por las procuradurías, y ya cumplido el aberrante proceso de desafuero, revelan una monstruosa desproporcionalidad de la justicia: no sólo la cárcel, sino la inhabilitación por ocho años de los derechos políticos de Andrés Manuel López Obrador. Esto significaría que el precandidato más querido de la mayoría de los mexicanos, el precandidato con mayores posibilidades de triunfar en la carrera presidencial de 2006, quedaría fuera no sólo de esas elecciones, sino también de las de 2012. ¿Por ladrón? ¿Por narco? ¿Por asesino? No. Por haber continuado la construcción de una calle.
Esta monstruosa desproporcionalidad de la anunciada justicia no tiene más objeto que el de eliminar del escenario político al más peligroso -peligroso para el PAN, para el PRI- de los precandidatos a la Presidencia. Ellos lo saben, lo sabemos todos los mexicanos. Lo sabe, para nuestra vergüenza, el mundo. Y esto, ¿no es un robo? ¿No es un atraco y un desacato a la voluntad del pueblo mexicano? ¿No es un insulto a todos los mexicanos, incluyendo a aquellos que no desean que el jefe de Gobierno llegue al poder, pero que sí desean que se consolide, que se reafirme, que crezca nuestra democracia niña?
¿Y cuál va a ser el juez, cuáles van a ser los jueces que castiguen ese desacato al pueblo, esa desobediencia a la voluntad del pueblo, ese atentado contra la democracia, ese acto de barbarie política que ofende a toda la nación mexicana? Si el pueblo, si nosotros no nos erigimos en jueces, nadie más lo hará. No se trata de hacernos justicia con nuestra propias manos, sacándola de las patas de los perseguidores del jefe de Gobierno del Distrito Federal. Se trata de hacer valer la justicia. La justicia por la justicia misma.
Y por último, tres preguntas más: cuando consignen a nuestra democracia, ¿quién va a pagar la fianza por ella? Cuando le pongan una mordaza a nuestra democracia, ¿quién la va a amparar? Cuando invaliden nuestra democracia, ¿quién le va a devolver su libertad?
* Palabras en la Plaza Liberación de Guadalajara.
Abril de 2005.
Nunca, en los últimos 50 años, quizá 70 años de la historia de nuestro país, un asunto tan sucio ha sido más claro. No somos nada más nosotros, los que estamos aquí, en estos momentos, reunidos en esta Plaza de la Liberación de Guadalajara. No somos nada más nosotros, los mexicanos de todo el país que repudiamos el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, los únicos que nos damos cuenta, que sabemos, que tenemos la convicción, la certeza total de la aberración que los feroces perseguidores de Andrés Manuel López Obrador cometen, a conciencia y a sabiendas, contra el pueblo mexicano y la democracia.
Cuando el presidente Vicente Fox decía, en Europa, que México le había dado una lección de legalidad al mundo, el mundo le advertía a Fox, a través de algunos de los diarios y publicaciones de más prestigio de Washington, Nueva York, París, Madrid y Londres, y también de Latinoamérica, que llevar este proceso hasta sus últimas consecuencias representaría un grave retroceso en nuestra democracia. Y se lo advierten todavía.
Entre estos medios existen varios a quienes el jefe de Gobierno del Distrito Federal no les simpatiza en lo absoluto: les alarma y lamentan la posibilidad de que México regrese a la era del autoritarismo presidencial. Pero si a los perseguidores de López Obrador no les importa la opinión de los millones de mexicanos que eligieron democráticamente, en elecciones formales y limpias, a su jefe de Gobierno, ¿por qué les va a importar la opinión del mundo?
Nunca, en los últimos 50 o 70 años de la historia de nuestro país, una maniobra tan turbia ha sido tan transparente.
Olvidan esos políticos que la primera acepción de la palabra "desacato" no es desobediencia: es la falta de repeto a lo sagrado. Y las elecciones, en un país que presume de democrático, son sagradas. Son ellos, el gobierno federal, la Cámara de Diputados y la Procuraduría General de la República, los que cometen una grave, gravísima falta de respeto; un grave, gravísimo y patente desacato a la voluntad de los ciudadanos mexicanos, que en una elección limpia y, ésa sí admirable, designaron gobernante, haciendo uso pleno de su libertad, a Andrés Manuel López Obrador. Son ellos, esos perseguidores implacables, los que no obedecen el mandato del pueblo.
En el mundo civilizado, en las democracias sólidas y verdaderas, se desafora, se humilla, se sentencia, se encarcela, se castiga, se condena a los gobernantes ladrones, a los gobernantes en connivencia con los narcos, a los gobernantes asesinos. En este país no sucede esto. En este país los gobernantes y los políticos ladrones, narcos y asesinos gozan de impunidad. Pero en este país, México, se consigna a un político por el imperdonable delito -aún no probado- de continuar, contra la orden de un juez, la construcción de una calle. Y por lo que llaman abuso de autoridad, ¿que no saben estos señores en qué país viven? Nosotros sí.
Si en México se consignara y sentenciara a las autoridades por abuso de autoridad, 99 por ciento de toda la policía del país estaría tras las rejas acompañada por muchos de sus jefes y sus comandantes. Si en México se condenara a las autoridades por abuso de autoridad, estarían, y hubieran estado encarcelados en el pasado, un gran número de presidentes municipales, diputados y senadores, acompañados de muchos gobernadores y varios presidentes de la República. ¿De cuándo acá los señores procuradores quieren dar a los mexicanos lecciones sobre los abusos de autoridad que tantos años tenemos de sufrir en carne propia?
La ley es la ley, nos dicen. Pero las amenazas que se ciernen sobre la cabeza del jefe del Gobierno del Distrito Federal, ya anunciadas por las procuradurías, y ya cumplido el aberrante proceso de desafuero, revelan una monstruosa desproporcionalidad de la justicia: no sólo la cárcel, sino la inhabilitación por ocho años de los derechos políticos de Andrés Manuel López Obrador. Esto significaría que el precandidato más querido de la mayoría de los mexicanos, el precandidato con mayores posibilidades de triunfar en la carrera presidencial de 2006, quedaría fuera no sólo de esas elecciones, sino también de las de 2012. ¿Por ladrón? ¿Por narco? ¿Por asesino? No. Por haber continuado la construcción de una calle.
Esta monstruosa desproporcionalidad de la anunciada justicia no tiene más objeto que el de eliminar del escenario político al más peligroso -peligroso para el PAN, para el PRI- de los precandidatos a la Presidencia. Ellos lo saben, lo sabemos todos los mexicanos. Lo sabe, para nuestra vergüenza, el mundo. Y esto, ¿no es un robo? ¿No es un atraco y un desacato a la voluntad del pueblo mexicano? ¿No es un insulto a todos los mexicanos, incluyendo a aquellos que no desean que el jefe de Gobierno llegue al poder, pero que sí desean que se consolide, que se reafirme, que crezca nuestra democracia niña?
¿Y cuál va a ser el juez, cuáles van a ser los jueces que castiguen ese desacato al pueblo, esa desobediencia a la voluntad del pueblo, ese atentado contra la democracia, ese acto de barbarie política que ofende a toda la nación mexicana? Si el pueblo, si nosotros no nos erigimos en jueces, nadie más lo hará. No se trata de hacernos justicia con nuestra propias manos, sacándola de las patas de los perseguidores del jefe de Gobierno del Distrito Federal. Se trata de hacer valer la justicia. La justicia por la justicia misma.
Y por último, tres preguntas más: cuando consignen a nuestra democracia, ¿quién va a pagar la fianza por ella? Cuando le pongan una mordaza a nuestra democracia, ¿quién la va a amparar? Cuando invaliden nuestra democracia, ¿quién le va a devolver su libertad?
* Palabras en la Plaza Liberación de Guadalajara.
Abril de 2005.
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