Arrestos arbitrarios y tolerancia cero
Arrestos arbitrarios y tolerancia cero
por David Huerta
El Universal
Jueves 26 de febrero de 2004
LA aplicación a la mexicana del plan Giuliani de "tolerancia cero" ya está en curso. El jefe de Gobierno del Distrito Federal ha anunciado, entre otras cosas, que remitirá al Ministerio Público a 22 mil personas durante el presente año (EL UNIVERSAL, sección Comunidad y Metrópoli, primera plana; martes 24 de febrero). ¿Cómo lo van a hacer las autoridades? Ya lo estamos viendo: hace unos días fueron detenidos dos jóvenes escritores, Gerardo Sifuentes y Epigmenio León, acusados, por los agentes que los arrestaron, de robar autopartes de dos vehículos. Sifuentes y León son inocentes de ese delito, por supuesto; pero igualmente fueron consignados.
Hasta el momento de escribir estas líneas, el martes 24 de febrero por la noche, siguen detenidos. Una parte considerable de la comunidad literaria se ha movilizado para buscar su pronta liberación. Pero se trata de la palabra de dos policías contra la de dos personas detenidas y consignadas sin pruebas, con toda injusticia. La desventaja para León y Sifuentes resulta palmaria. Han pasado a formar parte de una cifra: la de esos 22 mil remitidos al MP en el año 2004.
Debo decir que la solidaridad de sus colegas escritores, también jóvenes en su inmensa mayoría, firmantes de una carta de apoyo a León y Sifuentes, es una hermosa muestra de amistad y de conciencia despierta ante los problemas urgentes que todos padecemos. Se dirá que se quiere un trato de excepción para dos escritores, auxiliados en este penoso trance por sus compañeros y amigos; pero la lectura de la carta deja una impresión diferente: es la protesta enérgica, razonable y razonada, ante una injusticia flagrante. Les toca a las autoridades de la ciudad escuchar esas voces de un grupo de ciudadanos que se han manifestado para reparar esa injusticia. Vivimos en los tiempos de los grandes números; no tengo duda de que es resultado de la influencia de la cultura numerológica de Estados Unidos. Ante esto, Andrés Manuel López Obrador ha manifestado una sensibilidad singular ante los problemas sociales; ha criticado, en consecuencia, y en buena hora, las cifras macroeconómicas del gobierno foxista, haciendo ver que no reflejan la realidad de todos los días en las vidas de los mexicanos. Sus macrocifras en el terreno de la seguridad pública deberían ser sometidas a un examen crítico semejante: que el gobierno de la ciudad no cometa errores semejantes a los del gobierno federal.
La principal asignatura pendiente de la gestión perredista en el Distrito Federal sigue siendo la de la rampante inseguridad. Es un estado de cosas que nos quita el sueño a los chilangos y nos obliga a vivir en estado permanente de zozobra. Con las medidas anunciadas el lunes pasado que suenan muy bien en el limbo del papel y en las declaraciones de los funcionarios, se abriría la posibilidad de comenzar en serio a solucionar el problema. Pero por desgracia no es así. El problema puede agravarse, como lo demuestra el caso de las detenciones que aquí comento. Además de solidarizarme con esos dos colegas escritores, apunto hacia una circunstancia general: la vida en nuestra capital y las sombras que la entenebrecen.
Una de esas sombras es la de la policía librada a sus propios medios, obligada como se ha comentado en la carta pública de apoyo a Sifuentes y León a una cuota de arrestos, sin importar cómo se llevan éstos a cabo. Existe además el agravante, para la ciudadanía, de que los agentes policiacos que hagan esas detenciones recibirán una recompensa de 2 mil 500 pesos por cada "caso" que lleven ante al MP. Así las cosas, los policías comenzarán a ver a transeúntes pacíficos (ya han comenzado) como la vía perfecta hacia el cobro de un botín que tiene la forma de una recompensa monetaria.
Hace varios años los chilangos sostenemos una discusión muy triste acerca de la noche en la ciudad. Algunos afirman que la delincuencia ha cometido el mayor secuestro: el de las horas nocturnas. Otros dicen que no hay que permitir que los pillos alcancen su cometido, y que por lo tanto hay que salir a las calles de la ciudad en las noches, sin temor o bien manteniendo el miedo a raya. El solo hecho de que esta discusión tenga lugar entre nosotros es un mal signo de los tiempos. A ello se suma ahora la actuación arbitraria de la policía.
De lo que se trata es de ofrecer resultados a como dé lugar, no importa que con ello se cometan atropellos. La estadística prima; no hay lugar para excepciones. Pero la inocencia de estos dos escritores mexicanos está fuera de toda duda, y aun así se ha avanzado en su consignación.
Lo que hay en el fondo de este incidente es significativo: la ciudadanía está en riesgo de convertirse en rehén de decisiones gubernamentales arbitrarias, autoritarias y represivas. Hay que defender a la ciudadanía en general, y a las víctimas cotidianas en particular, de esas decisiones.
El gobierno metropolitano puede estar seguro de que las medidas en verdad sensatas que se tomen en contra de la delincuencia serán apoyadas por la población del Distrito Federal; pero que esa misma población reaccionará con legítima indignación ante cualesquiera formas de abuso y exceso en el uso de la fuerza. Hay que impedir que esas formas prosperen; debe investigarse, por lo pronto, el asunto de las cuotas y las recompensas para los agentes del orden que hagan arrestos.
Si no se actúa legal y éticamente, volveremos a los tiempos, si es que alguna vez salimos de ellos, en los que la policía daba tanto miedo como los delincuentes. La vida en la capital mexicana las noches, las calles, las casas se habrá degradado, acaso irreparablemente.
El incidente vivido por esos dos escritores constituye un episodio trágico para ellos y para sus familias. El gobierno de la ciudad debe ocuparse del asunto cuanto antes, rectificar lo hecho por sus agentes policiacos y contribuir a limpiar el buen nombre de esos dos jóvenes.
Escritor
© 2004 Copyright El Universal-El Universal Online
por David Huerta
El Universal
Jueves 26 de febrero de 2004
LA aplicación a la mexicana del plan Giuliani de "tolerancia cero" ya está en curso. El jefe de Gobierno del Distrito Federal ha anunciado, entre otras cosas, que remitirá al Ministerio Público a 22 mil personas durante el presente año (EL UNIVERSAL, sección Comunidad y Metrópoli, primera plana; martes 24 de febrero). ¿Cómo lo van a hacer las autoridades? Ya lo estamos viendo: hace unos días fueron detenidos dos jóvenes escritores, Gerardo Sifuentes y Epigmenio León, acusados, por los agentes que los arrestaron, de robar autopartes de dos vehículos. Sifuentes y León son inocentes de ese delito, por supuesto; pero igualmente fueron consignados.
Hasta el momento de escribir estas líneas, el martes 24 de febrero por la noche, siguen detenidos. Una parte considerable de la comunidad literaria se ha movilizado para buscar su pronta liberación. Pero se trata de la palabra de dos policías contra la de dos personas detenidas y consignadas sin pruebas, con toda injusticia. La desventaja para León y Sifuentes resulta palmaria. Han pasado a formar parte de una cifra: la de esos 22 mil remitidos al MP en el año 2004.
Debo decir que la solidaridad de sus colegas escritores, también jóvenes en su inmensa mayoría, firmantes de una carta de apoyo a León y Sifuentes, es una hermosa muestra de amistad y de conciencia despierta ante los problemas urgentes que todos padecemos. Se dirá que se quiere un trato de excepción para dos escritores, auxiliados en este penoso trance por sus compañeros y amigos; pero la lectura de la carta deja una impresión diferente: es la protesta enérgica, razonable y razonada, ante una injusticia flagrante. Les toca a las autoridades de la ciudad escuchar esas voces de un grupo de ciudadanos que se han manifestado para reparar esa injusticia. Vivimos en los tiempos de los grandes números; no tengo duda de que es resultado de la influencia de la cultura numerológica de Estados Unidos. Ante esto, Andrés Manuel López Obrador ha manifestado una sensibilidad singular ante los problemas sociales; ha criticado, en consecuencia, y en buena hora, las cifras macroeconómicas del gobierno foxista, haciendo ver que no reflejan la realidad de todos los días en las vidas de los mexicanos. Sus macrocifras en el terreno de la seguridad pública deberían ser sometidas a un examen crítico semejante: que el gobierno de la ciudad no cometa errores semejantes a los del gobierno federal.
La principal asignatura pendiente de la gestión perredista en el Distrito Federal sigue siendo la de la rampante inseguridad. Es un estado de cosas que nos quita el sueño a los chilangos y nos obliga a vivir en estado permanente de zozobra. Con las medidas anunciadas el lunes pasado que suenan muy bien en el limbo del papel y en las declaraciones de los funcionarios, se abriría la posibilidad de comenzar en serio a solucionar el problema. Pero por desgracia no es así. El problema puede agravarse, como lo demuestra el caso de las detenciones que aquí comento. Además de solidarizarme con esos dos colegas escritores, apunto hacia una circunstancia general: la vida en nuestra capital y las sombras que la entenebrecen.
Una de esas sombras es la de la policía librada a sus propios medios, obligada como se ha comentado en la carta pública de apoyo a Sifuentes y León a una cuota de arrestos, sin importar cómo se llevan éstos a cabo. Existe además el agravante, para la ciudadanía, de que los agentes policiacos que hagan esas detenciones recibirán una recompensa de 2 mil 500 pesos por cada "caso" que lleven ante al MP. Así las cosas, los policías comenzarán a ver a transeúntes pacíficos (ya han comenzado) como la vía perfecta hacia el cobro de un botín que tiene la forma de una recompensa monetaria.
Hace varios años los chilangos sostenemos una discusión muy triste acerca de la noche en la ciudad. Algunos afirman que la delincuencia ha cometido el mayor secuestro: el de las horas nocturnas. Otros dicen que no hay que permitir que los pillos alcancen su cometido, y que por lo tanto hay que salir a las calles de la ciudad en las noches, sin temor o bien manteniendo el miedo a raya. El solo hecho de que esta discusión tenga lugar entre nosotros es un mal signo de los tiempos. A ello se suma ahora la actuación arbitraria de la policía.
De lo que se trata es de ofrecer resultados a como dé lugar, no importa que con ello se cometan atropellos. La estadística prima; no hay lugar para excepciones. Pero la inocencia de estos dos escritores mexicanos está fuera de toda duda, y aun así se ha avanzado en su consignación.
Lo que hay en el fondo de este incidente es significativo: la ciudadanía está en riesgo de convertirse en rehén de decisiones gubernamentales arbitrarias, autoritarias y represivas. Hay que defender a la ciudadanía en general, y a las víctimas cotidianas en particular, de esas decisiones.
El gobierno metropolitano puede estar seguro de que las medidas en verdad sensatas que se tomen en contra de la delincuencia serán apoyadas por la población del Distrito Federal; pero que esa misma población reaccionará con legítima indignación ante cualesquiera formas de abuso y exceso en el uso de la fuerza. Hay que impedir que esas formas prosperen; debe investigarse, por lo pronto, el asunto de las cuotas y las recompensas para los agentes del orden que hagan arrestos.
Si no se actúa legal y éticamente, volveremos a los tiempos, si es que alguna vez salimos de ellos, en los que la policía daba tanto miedo como los delincuentes. La vida en la capital mexicana las noches, las calles, las casas se habrá degradado, acaso irreparablemente.
El incidente vivido por esos dos escritores constituye un episodio trágico para ellos y para sus familias. El gobierno de la ciudad debe ocuparse del asunto cuanto antes, rectificar lo hecho por sus agentes policiacos y contribuir a limpiar el buen nombre de esos dos jóvenes.
Escritor
© 2004 Copyright El Universal-El Universal Online
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